Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Presentación

 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina nace el 28 de mayo de 1979 mediante la suscripción del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Luego de un largo proceso de ratificación de su tratado constitutivo y de las gestiones destinadas para su instalación en su sede ubicada en la ciudad de Quito inició sus actividades el 02 de enero de 1984. Posteriormente, mediante el Protocolo de Cochabamba suscrito el 28 de mayo de 1996, cambió su nombre a “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.   

   
Este órgano supranacional ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina y es competente para conocer las siguientes acciones: La Acción de Nulidad, la Acción de Incumplimiento, la Interpretación Prejudicial, el Recurso por Omisión o Inactividad y la Acción Laboral. Asimismo, tiene competencia para ejercer la función arbitral.
 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de su principal misión de interpretar y aplicar el  Derecho Comunitario, con base en los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía del Derecho Comunitario Andino, ha dotado del mayor contenido posible al ordenamiento jurídico comunitario, contribuyendo sustancialmente a su consolidación como un elemento de trascendental importancia en el desarrollo del proceso de integración subregional andino. En la actualidad, ciertamente podemos afirmar que se trata de un sistema normativo debidamente estructurado, ordenado e institucionalizado.

 

Hasta el 31 de diciembre del año 2013, el Tribunal ha conocido 2.444 interpretaciones prejudiciales solicitadas por los jueces nacionales, 119 acciones de incumplimiento en contra de los Países Miembros, 54 acciones de nulidad, 17 procesos laborales y 6 recursos por omisión o inactividad de los órganos comunitarios, ubicándose como la tercera corte internacional más activa del mundo luego de la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 




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HISTORIA

El 28 de mayo de 1979 se suscribió el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena por parte de los Estados de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Este Tratado entró en vigor el 19 de mayo de 1983 y es considerado como fuente primaria del derecho comunitario andino, puesto que con la creación de un órgano jurisdiccional se amplió la estructura institucional del entonces denominado Grupo Andino y se introdujeron elementos sustanciales al proceso integrador. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina fue el mayor beneficiario de este Tratado, ya que en sus primeros artículos se establecieron los principios fundamentales de aplicación inmediata, efecto directo y supremacía de sus disposiciones.


En fecha 19 de julio de 1983, en reunión de Plenipotenciarios de los Países Miembros, se designó por unanimidad a los doctores Hugo Poppe Entrambasaguas (Bolivia), Luís Carlos Sáchica Aponte (Colombia), Eduardo Hurtado Larrea (Ecuador), Gonzalo Ortiz de Sevallos Roedel (Perú) y José Guillermo Andueza Acuña (Venezuela) como los primeros Magistrados Titulares del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.


El 19 de agosto de 1983, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante Decisión 184 aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.


De esta forma, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena inició sus actividades, luego de la ratificación del Tratado Constitutivo por todos los Países miembros. En esa primera etapa este órgano jurisdiccional tenía competencia para conocer y resolver las acciones de nulidad e incumplimiento, así como de conocer las solicitudes de interpretación prejudicial, realizadas por los jueces nacionales. Entre los años de 1985 y 1998, el Tribunal tomó conocimiento de 184 interpretaciones prejudiciales, pasando de una en los tres primeros años a 45 en el último.En el mismo período, se recibieron 16 Acciones de Nulidad y 19 Acciones de Incumplimiento.  

Posteriormente, por medio del protocolo modificatorio del Tratado Constitutivo, suscrito en la ciudad de Cochabamba el 28 de mayo de 1996, el cual entro en vigencia solamente el 25 de agosto de 1999, cambió su denominación a Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Durante esta segunda etapa y hasta el año 2012, este Órgano jurisdiccional conoció 1.995 interpretaciones prejudiciales, es decir, en los últimos 13 años se recibió un número de solicitudes de Interpretación Prejudicial diez veces mayor que en los primeros 15 años de funcionamiento. Del mismo modo, en este período se recibieron 38 Acciones de Nulidad y 99 Acciones de Incumplimiento; así, en el primer caso se duplicó la cantidad de acciones tramitadas y en el segundo, el número de incumplimientos denunciados fue cinco veces mayor que en el primer periodo.
 
Por último, cabe recordar que mediante el citado Protocolo de Cochabamba se otorgó al Tribunal tres competencias adicionales, correspondientes al Recurso por Omisión o Inactividad, a la Función Arbitral y a la Jurisdicción Laboral. Hasta el 2012, el Tribunal ha tomado conocimiento de 6 Recursos por Omisión y 10 Demandas Laborales, no habiendo ejercido en ninguna oportunidad la función arbitral.

 

COMPOSICION

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina está compuesto por cuatro magistrados, representantes de cada uno de los Países Miembros, los cuales son designados para un período de seis años, deben renovarse parcialmente cada tres años y pueden ser reelegidos por una sola vez. Se eligen entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia, que gocen de alta consideración moral y reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales, en sus respectivos países, o sean jurisconsultos de notoria competencia.

El Presidente del Tribunal de Justicia es elegido por el período de un año. Dicha función será ejercida sucesivamente por cada uno de los Magistrados. El Presidente dirige los trabajos del Tribunal y preside las sesiones y audiencias.

El Tribunal de Justicia tiene dos clases de sesiones, administrativas y judiciales, las cuales se desarrollan de conformidad con lo que establecen el Estatuto y el Reglamento Interno

COMPETENCIAS

El Tribunal de Justicia es competente para conocer las controversias que surgieran a propósito de la interpretación del derecho comunitario andino y el incumplimiento de los Países Miembros, así como para declarar la nulidad de los actos normativos expedidos por los órganos del Sistema Andino de Integración, cuando sean contrarios al ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. También tiene competencia en materia laboral y arbitral.
Para llevar a cabo estas tareas, se han atribuido al Tribunal de Justicia competencias jurisdiccionales estrictamente definidas, que ejerce en el marco del procedimiento de interpretación prejudicial y de las distintas categorías de acciones y recursos.

Acción de Nulidad

La acción de nulidad podrá incoarse ante el Tribunal con el fin de que éste declare la nulidad de las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina previstos en el inciso e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal, dictados o acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder.

Pueden proponer la acción de nulidad los Países Miembros, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas.

Al respecto, cabe resaltar que los Países Miembros sólo podrán intentar la acción de nulidad con respecto a las Decisiones o Convenios que no hubieren sido aprobados con su voto afirmativo; y los particulares sólo podrán intentar esta acción previa demostración de que la Decisión, Resolución o Convenio objeto de la demanda afecta sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos.

Acción de Incumplimiento

La acción de incumplimiento podrá invocarse ante el Tribunal con el objeto de que un País Miembro, cuya conducta se considere contraria al ordenamiento jurídico comunitario, dé cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos en su condición de miembro de la Comunidad Andina.

La conducta objeto de la censura podrá estar constituida por la expedición de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, por la no expedición de normas que le den cumplimiento a dicho ordenamiento o, por la realización de cualesquiera actos u omisiones opuestos al mismo o que de alguna manera dificulten u obstaculicen su aplicación.

Son titulares de la acción de incumplimiento: la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, cuando exista afectación de sus derechos subjetivos.

Interpretación prejudicial

Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Interpretación prejudicial facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Interpretación prejudicial obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

En los casos de consulta obligatoria, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada.

Recurso por Omisión o Inactividad

Con el recurso por omisión o por inactividad se persigue que cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General se encuentren en situación de incumplimiento de una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, puedan ser compelidos a ejecutarla.

Se encuentran habilitados para interponer la demanda ante el Tribunal, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaría General, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas, cuando exista afectación de sus derechos subjetivos.

Acción Laboral

Las acciones laborales que se propongan ante el Tribunal tienen por objeto dirimir las controversias que, originadas en una relación de trabajo, se susciten entre los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y sus respectivos funcionarios o empleados, de conformidad con el Convenio de Sede que resulte aplicable.

Pueden acudir en demanda ante el Tribunal, para reclamar el cumplimiento de sus derechos laborales, los funcionarios o empleados a que se refiere el párrafo anterior, que tengan o hayan tenido relación laboral con cualquiera de los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración determinados en el artículo 6 del Acuerdo de Cartagena.

Es requisito indispensable para el ejercicio de esta acción que el demandante demuestre haber formulado petición directa ante su empleador respecto de los mismos derechos laborales que pretende, sin haber tenido respuesta dentro de los 30 días siguientes, o cuando la obtenida le hubiere sido total o parcialmente desfavorable.

En su sentencia, el Tribunal aplicará los principios generales del derecho laboral reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo y aquellos que sean comunes a los Países Miembros.

PROCEDIMIENTOS

Todo proceso relacionado con las acciones de nulidad y de incumplimiento, con el recurso por omisión o inactividad y con las reclamaciones de carácter laboral se iniciará mediante demanda suscrita por la parte y su abogado, dirigida al Presidente del Tribunal y presentada ante el Secretario en original y tres copias.También podrá enviarse la demanda vía facsímil, por correo o por medios electrónicos con el debido soporte de confirmación de recibo por parte del Tribunal.

En este caso, el demandante tendrá un plazo de tres días para remitir por correo el original de la demanda y sus anexos. De lo contrario, la demanda se tendrá por no presentada. En el caso de que la demanda no se presente personalmente ante el Tribunal, y cuando el demandante sea una persona natural o jurídica, las firmas de la parte o de su representante legal y la del abogado, deberán estar debidamente reconocidas ante notario o juez competente del respectivo País Miembro.

SECRETARIA

De acuerdo con el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde al Secretario:
a) Dirigir, bajo la autoridad del Presidente, la Secretaría del Tribunal;
b) Atender, conforme a instrucciones del Presidente, el despacho judicial del Tribunal, la recepción, trámite y custodia de todos los documentos, autos y notificaciones requeridos por el presente Estatuto, así como la organización y mantenimiento del registro general de los asuntos sometidos al Tribunal
c)  Dar fe y expedir certificaciones y copias de los asuntos que cursan en el Tribunal;
d) Convocar y concurrir a las sesiones que el Tribunal disponga por intermedio de su Presidente, sean éstas judiciales o administrativas, y convocar y asistir a las audiencias que se determinen;
e) Redactar y custodiar las actas correspondientes a las actuaciones del Tribunal que lo requieran; y,
f) Cumplir las demás obligaciones y ejercer las demás atribuciones que le señalan el presente Estatuto y el Reglamento Interno.
 

 

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