• De la naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 12-19.
• De la diferencia entre los reglamentos y actos administrativos, pp. 19-22.
• De los efectos generales o particulares de las resoluciones impugnadas, pp. 22-23.
• Del control jurisdiccional de la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad reglamentaria, pp. 24-26.
• De las normas andinas involucradas, pp. 26-42.
• De la diferencia entre el conflicto entre el administrado y una autoridad aduanera y la potestad reglamentaria de la SGCA, pp. 42-44.
• Del análisis de la Resolución 2272, pp. 44-61.
• Del análisis de la Resolución 2292, pp. 61-64.
• De la adopción de la Resolución 2272 como un supuesto acto de desviación de poder, pp. 64-65.
• De los nuevos argumentos esgrimidos por las empresas demandantes en su escrito de alegatos de conclusión, pp. 65-68.
• Sobre la condena en costas, pp. 68-69.

• Se rechaza la solicitud de nulidad planteada por las empresas Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. contra la sentencia emitida el 17 de septiembre de 2024, así como la solicitud de aclaración de la sentencia.
• El Tribunal determinó que sus sentencias son inimpugnables y que no admiten recurso alguno, al gozar de carácter de cosa juzgada.

• Se rechaza la solicitud de nulidad planteada por las empresas Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Kimberly - Clark Ecuador S.A.  contra la sentencia emitida el 17 de septiembre de 2024, así como la solicitud de aclaración de la sentencia.
• El Tribunal determinó que sus sentencias son inimpugnables y que no admiten recurso alguno, al gozar de carácter de cosa juzgada.

• De la sustitución de poderes a favor de los abogados de Perú y la SGCA, pp. 15-16.
• De las pruebas aportadas fuera de plazo, p. 17.
• De la naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 17-18.
• La defensa de la libre competencia en la Comunidad Andina, pp. 18-20.
• De la probanza de las prácticas colusorias horizontales, pp. 20-24.
• Sobre las prácticas colusorias horizontales de carácter transfronterizo, pp. 25-28.
• La teoría del fruto del árbol envenenado y sus excepciones, pp. 29-33.
• De la desclasificación de «información» realizada por la SCE mediante Resolución SCPM-IG-DES-001-2016, pp. 33-46.
• Sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador que derivó en las Resoluciones 2006 y 2236, pp. 46-50.
• De la conducta anticompetitiva transfronteriza sancionada en las Resoluciones 2006 y 2236, pp. 50-73.
• Análisis particular de la Resolución 2236 sobre el extremo referido a la utilización de pruebas provenientes de la desclasificación de información, pp. 73-75.
• Sobre la nulidad alegada en cuanto a que la SGCA no se habría pronunciado sobre las recomendaciones y observaciones remitidas por los miembros del Comité, pp. 75-76.
• Sobre la nulidad alegada en cuanto a la participación de la SCE como denunciante, autoridad que apoyó en la investigación a la SGCA e integrante del Comité, pp. 76-77.
• Sobre el hecho de que la SGCA concentró las competencias de autoridad instructora (imputación de cargos e instrucción) y decisora (sanción) en el procedimiento de investigación, pp. 78-79.
• De la naturaleza jurídica del Informe de Instrucción, el supuesto prejuzgamiento contenido en este y la inadmisión de los recursos de reconsideración presentados contra dicho informe, pp. 79-81.
• De la supuesta vulneración al principio non bis in idem, pp. 81-84.
• De la tramitación de compromisos en paralelo con la investigación y sobre los plazos previstos, pp. 84-86.
• Sobre la presunta prescripción de la conducta anticompetitiva sancionada en las Resoluciones 2006 y 2236, pp. 87-97.
• Sobre el cálculo de la multa impuesta en las Resoluciones 2006 y 2236, pp. 97-99.
• Sobre la cobranza y destino de las multas, pp. 99-101.
• Sobre las demás vulneraciones alegadas por el Grupo Familia, pp. 101-102.
• Sobre las alegaciones del Mincetur, pp. 102-104.
• Conclusión, p. 104.
• Sobre la condena en costas, pp. 104-105.

• Sobre la naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 12-13.
• Sobre la defensa de la libre competencia en la Comunidad Andina, pp. 14-15.
• Sobre la probanza de las prácticas colusorias horizontales, pp. 15-18.
• Sobre las prácticas colusorias horizontales de carácter transfronterizo, pp. 18-21.
• Sobre la teoría del fruto del árbol envenenado y sus excepciones, pp. 21-26.
• Sobre la desclasificación de «información» realizada por la SCE mediante Resolución SCPM-IG-DES-001-2016, pp. 26-37.
• Sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador que derivó en las Resoluciones 2006 y 2236, pp. 37-41.
• Sobre la conducta anticompetitiva transfronteriza sancionada en las Resoluciones 2006 y 2236, pp. 42-66.
• Sobre la Resolución 2236 y la utilización de pruebas provenientes de la desclasificación de información, pp. 66-71.
• Sobre la nulidad alegada en cuanto a que la Secretaría General no se habría pronunciado sobre las recomendaciones y observaciones remitidas por algunas autoridades que forman parte del Comité, pp. 71-72.
• Sobre la nulidad alegada en cuanto a la participación de la SCE como denunciante, autoridad que apoyó en la investigación a la Secretaría General e integrante del Comité, pp. 72-74.
• Sobre el hecho de que la Secretaría General habría concentrado las competencias de autoridad instructora (imputación de cargos e instrucción) y decisora (sanción) en el procedimiento de investigación, pp. 74-75.
• Sobre la naturaleza jurídica del Informe sobre los resultados de la investigación, el supuesto prejuzgamiento contenido en este y la inadmisión de los recursos de reconsideración presentados contra dicho informe, pp. 76-78.
• Sobre el principio non bis in idem, 78-81.
• Sobre la tramitación de compromisos en paralelo con la investigación y sobre los plazos previstos, pp. 81-84.
• Sobre si habría operado la prescripción para la investigación de la conducta anticompetitiva sancionada en las Resoluciones 2006 y 2236, pp. 84-94.
• Sobre el cálculo de la multa impuesta en las Resoluciones 2006 y 2236, pp. 94-96.
• Sobre los alegados riesgos para los programas de delación que se presentarían por la investigación de la Secretaría General, pp. 97-98.
• Sobre la cobranza y destino de las multas, pp. 99-102.
• Sobre las demás vulneraciones alegadas por los Grupos Kimberly y Familia, pp. 102-103.
• Sobre la negativa del Grupo Kimberly a pagar la multa impuesta, pp. 103-105.
• Sobre la condena en costas, pp. 105-106.

• De la solicitud de confidencialidad presentada por la SGCA, pp. 5-12.

• De la naturaleza y alcances de la acción de nulidad, p. 7.
• El Programa de Liberación y la calificación y certificación del origen de las mercancías, pp. 7-25.
• Si la Resolución 1842 contraviene el ordenamiento jurídico comunitario andino por falta de motivación, pp. 25-40.
• Si la Secretaría General incurrió en desviación de poder, pp. 40-41.
• Sobre el exhorto a la Secretaría General, pp. 41-42.
• Sobre la condena en costas solicitada por la SGCA, pp. 42-43.

• Sobre la procedencia del recurso de reconsideración interpuesto por las empresas demandantes contra el Auto del 28 de junio de 2023, pp. 3-4.
• Sobre la naturaleza del presente pronunciamiento, p. 4.
• Sobre el extremo del recurso de reconsideración que sostiene que la Resolución 2272 de la SGCA se habría emitido vulnerando la normativa andina sobre clasificación arancelaria, pp. 4-7.
• Sobre el extremo del recurso de reconsideración que sostiene que la Resolución 2272 de la SGCA se habría emitido vulnerando la Decisión 425, pp. 7-9.
• Sobre el extremo del recurso de reconsideración que refiere otras causales de la presunta nulidad de la Resolución 2272, pp. 10-11.
• Sobre el pedido de las empresas demandantes para que el TJCA declare que ninguna autoridad peruana puede aplicar retroactivamente el criterio vinculante contenido en la Resolución 2272 de la SGCA; y, p. 11.

• De la naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 9-12.
• El Programa de Liberación y la calificación y certificación del origen de las mercancías, pp. 12-33.
• Si las resoluciones impugnadas contravienen el ordenamiento jurídico comunitario andino por falta de motivación, pp. 33-54.
• Si la SGCA incurrió en desviación del poder, pp. 54-56.
• Sobre el exhorto a la SGCA, pp. 56-57.
• Sobre la condena en costas solicitada por la SGCA, pp. 57-58.

• De la naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 7-10.
• De la admisibilidad de la solicitud de enmienda presentada por la coadyuvante de la SGCA (Colombia), pp. 10-11.
• De la enmienda en el supuesto de pronunciamiento extra petita, p. 11.
• Si el análisis del juicio de sustituibilidad formó pare o no de la demanda y de la contestación de la demanda., pp. 11-14.
• Del allanamiento formulado por la SGCA, pp.14-16.
• Sobre el alcance de la coadyuvancia de Colombia en el proceso, pp. 16-17.

• Naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 9 - 12.
• El Programa de Liberación y la calificación y certificación del origen de las mercancías, pp. 12-33.
• Si las resoluciones impugnadas contravienen el ordenamiento jurídico comunitario andino por falta de motivación, pp. 33-50.
• Si la SGCA incurrió en desviación de poder, pp. 50-52.
• Sobre el exhorto a la SGCA, pp. 52-53.
• Sobre la condena en costas solicitada por la SGCA, pp. 53-54.

(Páginas de la sentencia)

• Sobre los requisitos generales para solicitar una medida cautelar, pp. 6-11.
• Sobre la naturaleza de la Resolución 2272 de la SGCA, pp. 11-12.
• Sobre la verosimilitud del derecho en la solicitud de suspensión de los actos impugnados en el caso concreto, pp. 12-16.

Acción de Nulidad formulada por la República del Ecuador contra la Resolución 2019 emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina el 14 de agosto de 2018

• Del allanamiento a la demanda formulado por la SGCA, pp. 9-17.
• Sobre la condena en costas solicitada por la SGCA, pp. 17-18.

• La naturaleza y alcances de la Acción de Nulidad. pp. 13 – 17.
• La posibilidad del restablecimiento de un derecho vulnerado (lo que no comprende la pretensión indemnizatoria ni el pago de perjuicios por vía restablecimiento), cuando ha sido solicitado en la demanda y si las circunstancias así lo justifican, lo que traduce el reconocimiento de una modalidad de acción de nulidad con las características propias de un proceso contencioso administrativo de «plena jurisdicción». pp. 16-17.

• Del cumplimiento de los requisitos de procedencia del recurso de reconsideración interpuesto por las empresas demandantes contra los puntos séptimo, octavo y noveno de la parte resolutiva del Auto del 16 de febrero de 2022, p. 4.
• De la naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 5-8.
• Del extremo del recurso de reconsideración interpuesto por las empresas demandantes contra el punto séptimo de la parte resolutiva del Auto del 16 de febrero de 2022, pp. 8-14.
• Del extremo del recurso de reconsideración interpuesto por las empresas demandantes contra el punto octavo de la parte resolutiva del Auto del 16 de febrero de 2022, pp. 14-16.
• Del extremo del recurso de reconsideración interpuesto por las empresas demandantes contra el punto noveno de la parte resolutiva del Auto del 16 de febrero de 2022, pp. 16-19.
• Sobre la petición realizada por la SGCA mediante Comunicación SG/E/SJ/285/2022 del 1 de marzo de 2022, pp. 19-20.
• De la conducta procesal de las empresas demandantes, pp. 20-23.

• La naturaleza y alcances de la Acción de Nulidad, pp. 26-30.
• El Programa de Liberación y la calificación y certificación del origen de las mercancías, pp. 30-43.
• Si la Resolución impugnada contraviene el ordenamiento jurídico comunitario andino por falta de motivación, pp. 43-57.
• Si la SGCA incurrió en desviación de poder, pp. 57-58.
• Sobre la condena en costas, pp. 58-59.

• La naturaleza y alcances de la acción de nulidad.
• El respeto a la jerarquía normativa comunitaria por parte de la Decisión 837.
• La supuesta discrecionalidad conferida a los países miembros mediante la Decisión 837 en materia regulatoria.
•  Las supuestas facultades arbitrarias y desproporcionadas conferidas a los países miembros mediante la Decisión 837 en asuntos de «seguridad nacional» .
• La operatividad e interconexión del Sistema de Información y Consultas para el Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (SICTIMC).

• Suspensión de los efectos de la Decisión 848 (en particular de su Artículo 20), p. 3.
• Oportunidad procesal para solicitar una medida cautelar, pp. 3-11.
• Cómputo del plazo para presentar la contestación de la demanda, pp. 11-13.
• Solicitud de práctica de pruebas presentada por las demandantes, pp. 13-15.
• Publicación del presente Auto en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, pp. 15-16.

• De las pruebas, p. 2.
• Pruebas ofrecidas (aportadas y solicitadas para su actuación), pp. 3-8
• De las pruebas pertinentes para el pronunciamiento de fondo, pp. 8-13.
• De la apertura del periodo probatorio para el decreto y práctica de pruebas, pp. 13-14.
• De la convocatoria a audiencia pública, p. 15.
• Publicación del presente Auto en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, pp. 15-16.

• Explicación sobre el programa de clemencia vinculado a la suspensión decretada en la Resolución 2017, pp. 3-6.

• Naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 14-21.
• El programa de liberación y la calificación y certificación del origen de las mercancías, pp. 21-34.

• Explicación sobre el programa de clemencia vinculado a la suspensión decretada en la Resolución 2017, pp. 2-6.

• Naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 16-22.
• El programa de liberación y la calificación y certificación del origen de las mercancías, pp. 23-35.

• Características comunes a todas las modalidades de salvaguardias reguladas por el Acuerdo de Cartagena, pp. 24-25.
• Objeto, contenido y alcance de la salvaguardia por devaluación monetaria regulada en el Artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, pp. 25-29.
• Principio de jerarquía normativa y principio de especialidad, pp. 29-36.
  Cumplimiento de los principios de seguridad jurídica, pretensión de corrección y confianza legítima, pp. 36-37.
• Desviación de poder por establecer nuevos umbrales (condiciones) para la aplicación de una salvaguardia, pp. 37-39.
• La devaluación monetaria efectuada por uno de los países miembros, pp. 40-41.
• Perjuicios a consecuencia de la devaluación, pp. 41.
• Alteración de las condiciones normales de competencia, pp. 41-42.
• Desviación de poder por interpretación equivocada de la salvaguardia cambiaria, pp. 42-43.

• Medidas de salvaguardia para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, pp. 26-65.

• Explicación de los “efectos reales” a que se refiere el ámbito de aplicación objetivo previsto en el Artículo 5 de la Decisión 608, pp. 23-27.

• La naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 31-44.
• Sobre el entendimiento del Tribunal sobre el Programa de Liberación y el Proceso de Integración Subregional Andino, pp. 44-50.

• La naturaleza y alcances de la acción de nulidad, pp. 14-22.
• El principio de jerarquía normativa, pp. 22-24.
• La motivación de las Resoluciones 1564 y 1622 de la SGCA, p. 24.
• Análisis respecto del cumplimiento del principio de jerarquía normativa, pp. 25-29.
• Análisis respecto de la motivación de las resoluciones impugnadas, pp. 27.
• Sobre la no implementación del Artículo 9 de la Resolución 65 del COMEX, pp. 38-39.

• Acción de incumplimiento, pp. 14-18.
• Agotamiento de la fase precontenciosa de la acción de incumplimiento, pp. 18-21.
• Objeto de incumplimiento, p. 21.
• Normativa aplicable al caso en cuestión, pp. 21-22.
• Fundamentos de la demanda relacionados con el examen realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial —SAPI— a efectos de establecer el requisito de patentabilidad, nivel inventivo, consagrado en el Artículo 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pp. 22-25.
• Competencia para determinar el requisito de nivel inventivo en el trámite de una solicitud de patente de invención. Competencia para el control de legalidad en el acto administrativo que concede patente de invención, p. 25.
• Límite de la competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la competencia de las autoridades Nacionales, pp. 25-32.

• Los Actos Administrativos, pp. 8-9.
• Causa o motivación de los Actos Administrativos, pp. 9-12.
• Test de razonabilidad, pp. 19-22.
• El control de legalidad en el Sistema Comunitario Andino, pp. 24-28.

• Competencia de la Junta (hoy Secretaría General):
  • • Artículo 73 del Acuerdo, pp. 5-8.
    • Competencia para la cancelación del registro y naturaleza del mismo, pp. 8-10.
    • Revocación o extinción de los Actos Administrativos, pp. 10-11.
    • El principio de legalidad y seguridad jurídica, pp. 11-12.
• Jerarquía del ordenamiento jurídico comunitario, pp. 12-16.
• Motivación de los Actos Administrativos, pp. 16-31.
• Efectos de la sentencia de nulidad, pp. 31.