El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declaró fundada la demanda de incumplimiento presentada por la República del Perú contra la República del Ecuador al considerar que la regulación ecuatoriana del sector hidrocarburos, que establece que los transportistas con placa extranjera (v.g., boliviana, colombiana o peruana) pagan por los combustibles un precio mayor que los transportistas con placa nacional (ecuatoriana), vulnera los principios de trato nacional, no discriminación, igualdad de tratamiento legal y libre competencia contemplados en la normativa andina de transporte internacional de pasajeros y de carga, así como infringe el art. 36 de la ley andina de defensa de la libre competencia.

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