El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declaró fundada la demanda de incumplimiento presentada por la República del Perú en contra del Estado Plurinacional de Bolivia al considerar que la regulación boliviana del sector hidrocarburos, que establece que los transportistas que circulan por el territorio boliviano con vehículos que tienen placa andina (colombiana, ecuatoriana o peruana) pagan por los combustibles un precio mayor que los transportistas que circulan con placa nacional (boliviana), vulnera los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia contemplados en la normativa andina de transporte internacional de pasajeros y de carga, así como infringe el artículo 36 de la ley andina de defensa de la libre competencia.

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